El ODIB ha identificado la supuesta venta de una base de datos que contendría información de más de 10 millones de ciudadanos bolivianos, presuntamente extraída del Registro Central de Ciudadanos y del Ministerio de Salud.
El volumen informado —10.335.788 registros— representa prácticamente a toda la población registrada del país, lo que convertiría este incidente en una de las filtraciones más graves en la historia digital de Bolivia.
Según la publicación, los datos habrían sido obtenidos mediante acceso directo a servidores gubernamentales relacionados con campañas y servicios de salud.
La publicación indica que la base de datos contiene detalles civiles utilizados para registros de salud, incluyendo potencialmente:
Datos personales completos
Información demográfica
Campos específicos utilizados en documentos de identidad (incluyendo “complemento”)
Esta información es altamente sensible y podría ser utilizada para actividades delictivas.
Con información detallada, los ciberdelincuentes pueden ejecutar ataques como:
SIM-swap (robo de líneas telefónicas)
Estafas personalizadas o de ingeniería social
Doxing de personas públicas
Suplantación de identidad con documentos falsificados
¿Que deben hacer los ciudadanos?
Esta alerta no sólo aplica a entidades estatales: cualquier ciudadano o institución puede verse afectado. Estas acciones son clave:
✔ Monitorear cuentas personales y financieras
Revisar movimientos bancarios, correos electrónicos, redes sociales y cuentas telefónicas para detectar actividades sospechosas.
✔ Activar métodos de seguridad adicionales
Utilizar autenticación multifactor (MFA) en servicios importantes, incluyendo banca digital, correo y aplicaciones gubernamentales.
✔ Informar y prevenir
Compartir esta información a manera de concientización para que la ciudadanía pueda identificar:
intentos de estafa,
correos falsos,
solicitudes sospechosas de información personal.
La posible filtración de una base de datos con información de casi toda la población boliviana representa un riesgo grave no solo para la privacidad, sino también para la seguridad digital del país. Es fundamental que autoridades, organizaciones y ciudadanos actúen preventivamente para reducir el impacto de este incidente.